• Pedro Miguel Álvarez

La carga probatoria ¿un slogan o un principio del derecho de rango constitucional?

En días pasados en este mismo foro tuve la oportunidad de leer un artículo muy interesante acerca de la relación entre derecho sustancial y el derecho procesal, en particular la relación del derecho de sociedades y las normas probatorias. Dicho artículo se enfocó principalmente en las cargas probatorias asumidas por cada parte procesal con ocasión de procesos judiciales relacionados con conflictos entre accionistas o en contra de los administradores. Es decir, de conflictos emanados del ya famoso problema de agencia en sus diferentes expresiones producto de la asimetría de información entre aquellos que tienen acceso directo o indirecto a la Compañía (insiders) y aquellas personas que no tienen un acceso directo a la misma o al menos no sin antes pasar por unos altos costos de transacción (agency costs).


Varios puntos señalados en la columna los comparto pues es verdad que el ejercicio del litigio implica un esfuerzo importante para las partes y sus apoderados que muchas veces va acompañado de frustraciones y, porque no decirlo, incluso de injusticias. Sin embargo, creo que algunos de los temas tratados en dicha columna deben ser revisados y en otros tengo una postura distinta frente al tema y de allí la razón para esta y la siguiente entrada, con el único propósito de abrir un debate armónico en este apasionante campo del litigio societario.

En la columna se invita a reflexionar acerca de la forma de ejercer ese derecho sustancial en los estrados judiciales a través del derecho procesal. En tal punto considero que dicha relación es connatural a un derecho eminentemente adversarial como lo es el occidental, con un sujeto activo con un derecho frente a un sujeto pasivo obligado a su cumplimiento. Así, pues, el derecho sustancial y